El periodismo investigativo en Colombia es una labor difícil porque, además de estar señalada como una profesión peligrosa, debido a los asesinatos, amenazas y riesgos en lugares apartados, los periodistas tienen que afrontar restricciones en el acceso a la información.
Pese a esas circunstancias, y con el ánimo de aportar al develamiento de realidades que atentan contra el periodismo y la calidad de la información, me aventuré a realizar una investigación sobre la incidencia de la pauta publicitaria en las noticias difundidas en los medios de comunicación del Cauca.
Además de realizar encuestas, entrevistas, y monitoreo de medios, envié numerosos derechos de petición de información (1) a las entidades públicas, con el fin de indagar sobre la distribución de recursos públicos destinados a la adquisición de espacios de publicidad. En la mayoría de los casos, las entidades caucanas entregaron los datos solicitados. Esas respuestas demostraban la efectividad de una herramienta que con frecuencia es desconocida o subvalorada. Además, en mi ánimo personal, mientras más confirmaba las bondades de la aplicación de este mecanismo jurídico en el periodismo investigativo, más pretendía profundizar en el tema.
Surgió entonces un caso que, si contaba con los argumentos probatorios necesarios, serviría para reforzar la hipótesis de mi investigación referida al uso de los recursos públicos para condicionar la información difundida en la prensa.
“… Me queda muy verraco pautar en este medio para que [después] me den garrote…”(2) le habría dicho el alcalde de Caloto, Carlos Torres Luna, al director del periódico Proclama Norte del Cauca, después de que éste, en la edición de abril de 2007 hiciera un comentario crítico de su gestión. Según una editorial de Proclama Norte del Cauca, el alcalde optó entonces por suspender la concreción de un contrato por el cual se publicaba, desde 2005, información institucional de Caloto.
Para conocer la distribución de pauta publicitaria, presenté ante la Alcaldía de Caloto un derecho de petición de información. En su respuesta, el Alcalde negó la entrega de la información, alegando que los datos solicitados tenían carácter de reservados si no se manifestaba el objeto de la petición, aún cuando la legislación en la materia no prevé tal requisito.
Frente a la negativa, interpuse acción de tutela –equivalente a la acción de amparo dentro del ordenamiento jurídico colombiano-, y la jueza encargada de resolver el asunto ordenó la entrega de la información.
Aún cuando la Alcaldía, una vez notificada de la resolución judicial, entregó la información solicitada, en mi experiencia quedaron al descubierto las falencias del acceso a la información en Colombia. Por un lado, se notó el desconocimiento por parte de algunos funcionarios de todo lo relativo a la reserva de la información y las circunstancias específicas que prevé la ley para invocarla.
Por otra parte, si bien la acción de tutela es un mecanismo de resolución rápida y formalismo laxo, no deja de ser un trámite judicial con todas características que estos suelen revestir. En mi caso, me tocó trasladarme hasta la ciudad de Caloto a rendir declaración y confirmar mi solicitud de información, no sin antes atravesar por la incertidumbre que provocan los estrados judiciales para quienes no contamos con un conocimiento profundo de este tipo de trámites. Más aún: la incertidumbre se incrementó cuando, en su descargo, el Alcalde insistía en la reserva de la información.
El contenido de la respuesta al pedido de información finalmente se incluyó en la publicación Abusos en la distribución de publicidad oficial y otros mecanismos de censura indirecta en Colombia, actualmente en proceso de edición.
Pese a esas circunstancias, y con el ánimo de aportar al develamiento de realidades que atentan contra el periodismo y la calidad de la información, me aventuré a realizar una investigación sobre la incidencia de la pauta publicitaria en las noticias difundidas en los medios de comunicación del Cauca.
Además de realizar encuestas, entrevistas, y monitoreo de medios, envié numerosos derechos de petición de información (1) a las entidades públicas, con el fin de indagar sobre la distribución de recursos públicos destinados a la adquisición de espacios de publicidad. En la mayoría de los casos, las entidades caucanas entregaron los datos solicitados. Esas respuestas demostraban la efectividad de una herramienta que con frecuencia es desconocida o subvalorada. Además, en mi ánimo personal, mientras más confirmaba las bondades de la aplicación de este mecanismo jurídico en el periodismo investigativo, más pretendía profundizar en el tema.
Surgió entonces un caso que, si contaba con los argumentos probatorios necesarios, serviría para reforzar la hipótesis de mi investigación referida al uso de los recursos públicos para condicionar la información difundida en la prensa.
“… Me queda muy verraco pautar en este medio para que [después] me den garrote…”(2) le habría dicho el alcalde de Caloto, Carlos Torres Luna, al director del periódico Proclama Norte del Cauca, después de que éste, en la edición de abril de 2007 hiciera un comentario crítico de su gestión. Según una editorial de Proclama Norte del Cauca, el alcalde optó entonces por suspender la concreción de un contrato por el cual se publicaba, desde 2005, información institucional de Caloto.
Para conocer la distribución de pauta publicitaria, presenté ante la Alcaldía de Caloto un derecho de petición de información. En su respuesta, el Alcalde negó la entrega de la información, alegando que los datos solicitados tenían carácter de reservados si no se manifestaba el objeto de la petición, aún cuando la legislación en la materia no prevé tal requisito.
Frente a la negativa, interpuse acción de tutela –equivalente a la acción de amparo dentro del ordenamiento jurídico colombiano-, y la jueza encargada de resolver el asunto ordenó la entrega de la información.
Aún cuando la Alcaldía, una vez notificada de la resolución judicial, entregó la información solicitada, en mi experiencia quedaron al descubierto las falencias del acceso a la información en Colombia. Por un lado, se notó el desconocimiento por parte de algunos funcionarios de todo lo relativo a la reserva de la información y las circunstancias específicas que prevé la ley para invocarla.
Por otra parte, si bien la acción de tutela es un mecanismo de resolución rápida y formalismo laxo, no deja de ser un trámite judicial con todas características que estos suelen revestir. En mi caso, me tocó trasladarme hasta la ciudad de Caloto a rendir declaración y confirmar mi solicitud de información, no sin antes atravesar por la incertidumbre que provocan los estrados judiciales para quienes no contamos con un conocimiento profundo de este tipo de trámites. Más aún: la incertidumbre se incrementó cuando, en su descargo, el Alcalde insistía en la reserva de la información.
El contenido de la respuesta al pedido de información finalmente se incluyó en la publicación Abusos en la distribución de publicidad oficial y otros mecanismos de censura indirecta en Colombia, actualmente en proceso de edición.
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